Un jurado popular utilizó textos bíblicos para justificar la condena a muerte de un asesino
Khristian Oliver, de 32 años, será ejecutado el próximo 5 de noviembre en el Estado de Texas. Fue acusado de asesinato y sentenciado por un jurado popular que utilizó en sus deliberaciones varios pasajes de la Biblia que aparentemente apoyan la pena de muerte. A pesar de que el caso ha sido revisado, la sentencia no ha cambiado. Amnistía Internacional (AI) denuncia este caso en el contexto del Día Mundial contra la Pena de Muerte, el 10 de octubre.
En un comunicado difundido por la organización, Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades de Texas que conmuten la pena de muerte impuesta a Khristian Oliver, por considerar que el hecho de que los miembros del jurado hicieran uso de la Biblia durante sus deliberaciones para decidir la condena «plantea serias dudas sobre su imparcialidad».
El año pasado, un tribunal federal de apelaciones estadounidense reconoció que el uso de la Biblia por parte de los miembros del jurado constituía una «influencia externa» prohibida por la Constitución estadounidense. A pesar de ello, ratificó la condena a muerte. Khristian Oliver fue condenado a muerte en 1999 por un asesinato cometido durante un robo. Según el testimonio prestado en el juicio por un cómplice, Oliver, que entonces tenía 20 años, había disparado a la víctima, un anciano antes de golpearla en el cabeza con la culata de un fusil.
POLÉMICA POR EL USO DE LA BIBLIA
Tras el juicio, surgieron indicios de que los miembros del jurado habían consultado la Biblia durante sus deliberaciones para decidir sobre la condena. En una vista celebrada en junio de 1999, cuatro miembros del jurado recordaron que había varias Biblias presentes y que habían circulado algunos pasajes subrayados.
Un miembro había leído en voz alta la Biblia ante un grupo de miembros del jurado, incluyendo el pasaje de Números 35.16: «Pero si con instrumento de hierro lo hiere, y muere, homicida es; el homicida morirá». Pese a todo ello, el juez resolvió que el jurado no había actuado de manera inadecuada, y la Corte de Apelaciones en lo Penal de Texas confirmó esta resolución.
En 2002, un periodista danés entrevistó a un miembro del jurado, quien declaró que «aproximadamente el 80 por ciento» de los miembros del jurado habían «introducido las Escrituras en la deliberación», y que el jurado había consultado la Biblia «mucho antes de llegar a un veredicto».
Según dijo este miembro del jurado al periodista, él creía que «la Biblia es verdad desde la primera hasta la última página», y que, si la ley civil y la ley bíblica entran en conflicto, la última debe prevalecer. También dijo que, si le hubieran dicho que no podía consultar la Biblia, «habría abandonado la sala». Se describió a sí mismo como partidario de la pena de muerte, y calificó la cadena de perpetua de «carga» para el contribuyente.
En 2008, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, corte federal, concluyó que los miembros del jurado habían «traspasado una importante línea» al consultar pasajes específicos de la Biblia que describían hechos similares a los del caso que se juzgaba. Eso constituía una «influencia externa» sobre el jurado, prohibida por la Constitución estadounidense. En la audiencia, uno de ellos, Kenneth McHaney describió cómo otro miembro del jurado, Kenneth Gracia, leyó la Biblia en voz alta. Otro miembro del jurado, Michael Brenneisen, agregó que en la discusión de deliberación, las Escrituras se usaron «en dos direcciones: la del perdón y la de la sentencia».
El abogado de Oliver, Winston Cochran, explicó que el uso de la Biblia influyó en la decisión del jurado. «El problema es que la Biblia formaba parte de la discusión. No fue sólo utilizada por ellos para reforzar su creencia», dijo. Sin embargo, el tribunal concluyó que, teniendo en cuenta el «alto nivel de deferencia» con el que los tribunales federales deben revisar las decisiones de los tribunales estatales, Oliver no había demostrado que esta conducta inconstitucional de los miembros del jurado le hubiera perjudicado. En abril de 2009, el Tribunal Supremo de Estados Unidos se negó a estudiar el caso, a pesar de que casi 50 ex fiscales estatales y federales le instaron a hacerlo.
